Los que desde aquí y desde exterior acusaron a la República Dominicana de pretender desnacionalizar a más de 200 mil personas de origen extranjeroasentadas en el registro civil desde el año 1929 hasta el 2007, cuando se habilitó para estos casos el libro de extranjería, deberían reconocer que reproducían una infamia.
El número que citaban era una burda invención y el espíritu de la sentencia 168-13, era que el Estado asumiera de una vez y por todas una política que facilitara la regulación de los que estuviesen en condición de evidenciar arraigo, pero que como lo hacen todas las naciones del mundo, ejerza los controles de lugar y cumpla con el mandato inequívoco de su Carta Sustantiva que dispone quienes tienen derecho a la nacionalidad dominicana.
Para que ninguna persona que estuviese en el registro civil pudiera tener conflictos en el futuro en los que pudiera padecer una denegación de ciudadanía, se dispuso una auditoría de todos los casos a fin de que el Estado adoptara las medidas necesarias para facilitar la corrección de los casos en los que presentaran algún conflicto con los que han establecido todas las constituciones desde el 1929.
El Estado dominicano con la ley 169-14 asume responsabilidad sobre todas aquellas personas que pudieran estar asentadas como dominicanas de manera irregular, siempre y cuando no fueran los responsables directos de fraude, y se dispone que una vez identificadas la Junta Central Electoral, les otorgue la documentación que les acredite como dominicanos.
Esta semana la Junta Central Electoral ha mostrado los resultados de esa auditoría para la que disponía del plazo de un año, labor que conllevó inventariar 116 mil 506 libros, con 16 millones, 748 mil 568 folios con la historia registral del país en todo el periodo auditado. De ese total resultó que en 53 mil 827 libros, con 10 millones 321 mil 799 folios dieron lugar a expedientes de personas a revisar.
El doctor Roberto Rosario Márquez, presidente de la JCE, al presentar la auditoría dijo:
“El hecho de que alrededor de 53 mil expedientes que identifican personas hayan sido autorizados en su expedición y en su transcripción, de conformidad con la Ley, demuestra el nivel de profesionalidad con la que se manejó el personal de la Junta Central Electoral, libre de todo prejuicio, y comprometido solo con el deber. Por demás, aunque al inicio de los trabajos habíamos detectado expedientes que tocaban a persona cuya nacionalidad de los padres estaba vinculada a 118 nacionalidades, el resultado definitivo solo toca 103 nacionalidades.
“Llamó vuestra atención, que de la totalidad de los expedientes trabajados, el 68.45% está relacionado con la República de Haití; el 3.9% con los Estados Unidos; el 2.84% con España; el 1.9% con la República de China; y así sucesivamente”.
El que alegue que se le ha despojado de su nacionalidad, sino está entre los 132 casos en lo que su suerte debe decidirla la justicia, estará mintiendo como siguen haciéndolo las entidades que en Haití y en RD viven del lobby anti dominicano, alimentándose de millones de dólares a los que la comunidad internacional debería dar mejor destino.
Más de cien años de dejar hacer y dejar pasar con el tema migratorio han quedado atrás, hay un antes y un después de la sentencia 168-13, esta auditoría ha de figurar entre los grandes frutos de esa valiente, acertada y patriótica decisión. ¡Gloria a los forjadores de nuestra nacionalidad!
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